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El Gobierno anuncia medidas y la coordinación de las policías contra la violencia doméstica (CS)

Mayor implicación de todas las fuerzas de seguridad españolas, acceso a formación de empleo, servicios de atención y jueces especializados son los pilares de la Ley contra la Violencia de Género anunciada por el Gobierno. “La norma es una verdadera necesidad social”. Así de contundente se mostraba el pasado viernes el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, tras reunirse con nueve organizaciones de mujeres y presentar al Gobierno un informe que examina las principales medidas que se incluirán en el anteproyecto de la Ley Integral contra la Violencia de Género, que se aprobará antes del próximo 30 de junio. La futura Ley recoge medidas en los ámbitos de la prevención, protección y recuperación de las víctimas de violencia doméstica, así como de carácter penal, que durante los próximos días serán perfiladas entre responsables del Gobierno central y autonómicos y las organizaciones sociales. De momento, Jesús Caldera y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, han anunciado que se pretende “implicar y coordinar al conjunto de las fuerzas de seguridad, incluidas las policías locales” para reforzar las dotaciones destinadas a garantizar el cumplimiento efectivo de la orden de protección contra la violencia de género. Asimismo, se prevé prestar un mayor apoyo a las víctimas desde los servicios de atención inmediata y de información, los centros de emergencia en los que pueden ser atendidas las mujeres y sus hijos y los centros de recuperación integral. Según el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el proyecto contempla “ayudas económicas con formación para el empleo”, para lo que se prevén cambios en las relaciones laborales y en la Ley de Ayuda a Víctimas de Delitos Violentos. También se favorecerá el acceso de las víctimas de malos tratos a viviendas de protección oficial y de bonificación a la Seguridad Social por contratos indefinidos a las víctimas de este tipo de violencia. Para el ministro Jesús Caldera, sin embargo, una de las apuestas más importantes tiene que ver con el ámbito de la prevención. De hecho, se prevé la creación de una asignatura sobre igualdad entre hombres y mujeres que se incorporará al currículum escolar, y la regulación de un sistema que permita el control y la retirada de anuncios publicitarios que utilicen “ilícitamente” el cuerpo de la mujer. Satisfacción de las ONG de mujeres En el ámbito penal, se ha anunciado la especialización de los juzgados de lo penal en esta materia, aunque según las ONG de mujeres, el Ejecutivo no responde a la petición de que esta medida venga acompañada de una mayor coordinación de los juzgados de familia. A pesar de esto, desde las ONG de mujeres valoran positivamente el “esfuerzo” del Gobierno en el tema de la violencia de género. “Estamos contentas de que el Gobierno haya entendido que el Código Penal es insuficiente para acabar con esta lacra y que perfile medidas preventivas a medio y largo plazo”, afirma Ángeles Álvarez, portavoz de la Red Feministas contra la Violencia de Género, que reiteró la buena disposición de las entidades sociales a dialogar con el Ejecutivo para avanzar hacia las medidas de la futura Ley integral. En esta línea, y mientras no se apruebe la normativa, son necesarias más medidas para mejorar la protección inmediata de las víctimas, advierten desde las ONG, que también consideran positivo que las pensiones alimenticias para las víctimas de violencia doméstica y sus hijos no se contemplen en la Ley integral y se regulen desde el Fondo de Pago de Alimentos. Así, el Estado adelantará una pensión a todos los hijos menores cuando el ex cónyuge lo incumpla y exista una resolución judicial en casos de separación o divorcio, lo que significa que la medida beneficiará a un colectivo más amplio. En el próximo Consejo de Ministros se aprobará el nombramiento del responsable de la Secretaría General de Políticas de Igualdad, órgano directamente encargado del desarrollo de la futura Ley integral; de esta secretaría dependerán el Instituto de la Mujer y la Delegación del Gobierno de Prevención de la Igualdad de Género. Sólo en estos primeros meses del año han muerto 29 mujeres víctimas de la violencia de género, alertan las entidades de mujeres. Según la vicepresidenta primera del Gobierno, en 2003 murió una mujer cada cinco días a causa de la violencia doméstica y hasta 600 mujeres han muerto en España a manos de sus compañeros o ex cónyuges en los últimos ocho años. Canal Solidario Catalunya, 26 de abril de 2004
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