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Informe Anual 2003 de AI: tortura en España.

España Reino de España Jefe del Estado: rey Juan Carlos I Jefe del gobierno: José María Aznar López Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado ________________________________________ El grupo armado vasco Patria Vasca y Libertad (Euskadi Ta Askatasuna, ETA) cometió atentados con bomba y con arma de fuego, algunos de ellos mortales. Hubo numerosas denuncias de torturas y malos tratos a manos de agentes de la policía y de la Guardia Civil, tanto por parte de inmigrantes y otras personas de origen extranjero como de detenidos en régimen de incomunicación, en su mayoría presuntos miembros de ETA. El Comité contra la Tortura de la ONU expresó su honda preocupación por la práctica de la detención en régimen de incomunicación. Hubo denuncias de malos tratos en las cárceles y de trato inhumano y degradante en los centros de detención para los inmigrantes recién llegados. Menores extranjeros no acompañados, la mayoría de origen marroquí, afirmaron que habían sido maltratados y sometidos a abusos sexuales en algunos centros de acogida. Algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley fueron condenados por tortura o malos tratos, incluidos actos de agresión sexual contra mujeres inmigrantes, pero quedaron en libertad hasta que se decidiera sobre sus apelaciones. La resolución judicial de algunos casos continuó suscitando preocupación por la impunidad de hecho. Información general ETA mató a cinco personas, entre ellas un concejal del Partido Socialista (PSOE), Juan Priede Pérez, muerto a tiros en Orio (Guipúzcoa) en marzo, y Silvia Martínez Santiago, niña de seis años que murió al estallar una bomba oculta en un vehículo frente al cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante) en agosto. Hasta 90 personas resultaron heridas en diversos atentados de ETA. En septiembre, el grupo armado anunció que las sedes y las reuniones del Partido Popular y el PSOE se considerarían «objetivos militares» y amenazó de muerte a los activistas de estos partidos. Se tomaron una serie de iniciativas contra ETA en un marco de mayor cooperación fronteriza con Francia. Se detuvo a muchos presuntos miembros del grupo armado. En agosto, un juez instructor de la Audiencia Nacional ordenó la suspensión por tres años, prorrogables a cinco, de las actividades políticas y económicas de la coalición nacionalista vasca Batasuna. Esta coalición actuaba como grupo parlamentario legal pero, según el juez, formaba parte intrínseca de ETA, lo cual Batasuna negaba. El gobierno español, a petición de las Cortes (Parlamento), solicitó al Tribunal Supremo que declarara ilegal a Batasuna. Por su parte, el fiscal general pidió al Tribunal Supremo que disolviera la coalición. La orden de suspensión de Batasuna siguió a la entrada en vigor ese mismo año de una nueva ley sobre partidos políticos, la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que disponía la ilegalización de los partidos que no respetaran los principios democráticos y los valores constitucionales. En noviembre, el ministro de Defensa incluyó «la inmigración ilegal masiva» entre las presuntas amenazas para la seguridad nacional. Las autoridades también vincularon el aumento de la criminalidad a la inmigración ilegal. En noviembre, las Cortes condenaron por primera vez el régimen del general Franco (1939-1975) y apoyaron iniciativas para honrar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil de 1936-1939, como la exhumación de las fosas comunes donde estaban enterradas más de 30.000 personas, la mayoría, según se creía, republicanas. Torturas y malos tratos por motivos racistas En abril, Amnistía Internacional lanzó una campaña en la que pedía a las autoridades que adoptaran una estrategia nacional contra el racismo. El informe que se publicó simultáneamente concluyó que las denuncias de malos tratos por motivos racistas eran frecuentes y numerosas. A pesar de la existencia de leyes y normas contra la conducta discriminatoria o arbitraria, la aplicación de criterios raciales era algo común y el uso discriminatorio de los controles de identidad era origen de malos tratos y abusos contra los extranjeros por parte de los funcionarios. Las extranje¬ras indocumentadas eran especialmente vulnerables a sufrir violaciones o graves agresiones sexuales bajo custodia. Los inmigrantes sometidos a procedimientos de expulsión no eran tratados con dignidad ni transparencia, mientras que la impunidad de los agentes del orden se daba especialmente en los casos que afectaban a las minorías étnicas y los extranjeros. El ministro del Interior aseguró a Amnistía Internacional que el gobierno, el sistema judicial y los organismos encargados de hacer cumplir la ley mantenían un compromiso absoluto para con la lucha contra el racismo, y negó de hecho que entre los funcionarios públicos existiera el problema del racismo, aunque no dio ninguna respuesta de peso al informe de Amnistía Internacional. En junio, el ministro compareció ante la Comisión de Justicia e Interior de las Cortes, donde respondió a numerosas preguntas sobre el informe. El ministro admitió que había algunos casos de malos tratos, pero afirmó que se trataba de casos «aislados». Algunos diputados instaron al gobierno a que respondiera a las recomendaciones del informe de establecer un plan nacional para combatir el racismo y a muchas de sus recomendaciones más específicas. En noviembre, el Comité contra la Tortura de la ONU, que examinó el cuarto informe periódico de España sobre su aplicación de la Convención contra la Tortura, expresó su preocupación por los informes de malos tratos a inmigrantes por motivos racistas, así como por los informes de violaciones y abusos sexuales. El Comité recomendó que se ampliara la definición de tortura del Código Penal español para incluir «cualquier tipo de discriminación». Claudia Peña Ureña y su hermana Brunilda Ureña Ureña, ciudadanas dominicanas, afirmaron haber sido agredidas y sometidas a insultos racistas en marzo por dos agentes de la Policía Nacional que acudieron a intervenir ante un alboroto en una fiesta de cumpleaños en Torrejón de Ardoz (Madrid). Según los informes, a Claudia Peña le dieron patadas en la cara y la cabeza tras arrojarla al suelo y luego la pisotearon, todo ello en presencia de varios niños de corta edad. El padre de Claudia Peña ha afirmado que, cuando intentó presentar una denuncia ante la policía, le dijeron que no podía hacerlo y lo sacaron por la fuerza de la comisaría, según los informes después de insultarlo, amenazarlo y darle patadas y puñetazos. Un informe médico sobre Claudia Peña consignó «contusiones múltiples». En mayo, un tribunal absolvió a ambas mujeres del cargo de desacato a la autoridad. El juicio sobre las denuncias de malos tratos presentadas por ambas mujeres, previsto para septiembre, fue aplazado, según los informes debido a que los agentes se encontraban de vacaciones. En diciembre los policías fueron absueltos por falta de pruebas. Varios testigos no se presentaron al juicio. En marzo, un agente de la Policía Nacional fue condenado a 12 años de cárcel por agredir sexualmente a J, mujer de nacionalidad colombiana, en Valladolid en 2001, y en abril otro agente de este cuerpo fue condenado a cuatro años de cárcel por agredir sexualmente en 1998 a la peruana Miriam Rosa Verástegui Templo. Respecto a J, el tribunal señaló que, dada su situación irregular en España, estaba en una condición de especial vulnerabilidad frente al agente. Ambos policías recurrieron las sentencias y, al no ser éstas definitivas, continuaron en libertad. Detención en régimen de incomunicación Muchas personas detenidas en régimen de incomunicación como presuntos miembros de ETA denunciaron haber sido torturadas o maltratadas por agentes de la Guardia Civil o de la policía. Según los informes, en agosto y septiembre varias personas detenidas en relación con la campaña de kale borroka (lucha callejera) vasca, que se ha relacionado con ETA, estuvieron incomunicadas hasta cuatro días. Varios de los detenidos denunciaron que los habían golpeado, acosado sexualmente, obligado a realizar actividades físicas hasta el agotamiento y aplicado la técnica conocida como «la bolsa», consistente en colocar una bolsa de plástico en la cabeza de la víctima y apretarla hasta provocar la asfixia. En noviembre, el Comité contra la Tortura de la ONU expresó su honda preocupación por la forma en que la detención en régimen de incomunicación facilitaba la tortura. El Comité recomendó, entre otras cosas, que se grabaran en vídeo los interrogatorios de la policía y la Guardia Civil, y que las grabaciones se pusieran a disposición del juez competente. El Comité recomendó asimismo que los detenidos en régimen de incomunicación fueran examinados conjuntamente por un médico forense adscrito a los juzgados y por un médico elegido por el detenido. Los abogados que representaban a Unai Romano Igartua, que denunció haber sido torturado en septiembre de 2001, apelaron contra la decisión tomada en julio de sobreseer la causa abierta contra tres guardias civiles. Mientras estuvo detenido en régimen de incomunicación, a Unai Romano se le inflamó la cabeza hasta el punto de quedar prácticamente irreconocible y llegar a perder temporalmente la visión, al parecer a consecuencia de los duros golpes asestados por los agentes. Éstos afirmaron que el detenido se había autoinfligido las lesiones. En marzo, un juez de instrucción falló que la presunta miembro de ETA Iratxe Sorzabal Díez no había sido torturada físicamente por agentes de la Guardia Civil el año anterior, aunque existía la posibilidad de que hubiera sido sometida a amenazas y acoso. Iratxe Sorzabal recurrió la sentencia. Menores extranjeros no acompañados En mayo, Amnistía Internacional expresó su profunda preocupación cuando las autoridades de la ciudad autónoma de Melilla declararon que en el futuro no brindarían su protección a los menores extranjeros no acompañados que entraban en la ciudad. La organización reiteró sus anteriores peticiones a las autoridades nacionales, regionales y autonómicas para que respetaran las normas internacionales sobre el cuidado y la protección de los menores no acompañados. En junio, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, expresó su «profunda alarma por las condiciones de los niños extranjeros no acompañados» y recomendó que las autoridades españolas tomaran medidas urgentes para mejorar esta situación, como evitar las expulsiones irregulares e investigar de forma eficaz las denuncias de malos tratos. Tras la publicidad negativa sobre la situación de los menores marroquíes y el recurso presentado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Málaga para que se anularan muchas de las expulsiones de Melilla por ser ilegales, durante el resto del año disminuyó considerablemente el número de expulsiones. También se informó de mejoras en las condiciones de algunos centros de acogida. Sin embargo, en junio y julio se denunció el uso abusivo de una «celda de castigo» del centro de Melilla denominado Fuerte de la Purísima. Algunos menores afirmaron que los habían golpeado por faltas de disciplina y los habían encerrado en la celda, minúscula, sucia y sin ventanas. Un profesor y un guardia de seguridad fueron acusados de golpear a los niños dentro de la celda y de animar a los de más edad a cometer actos de violencia. El fiscal de Málaga ordenó el cierre de la «celda de castigo». Se abrió una investigación judicial sobre la situación denunciada y sobre las denuncias individuales de niños que afirmaban haber sido maltratados físicamente y acosados sexualmente. En diciembre, el centro de acogida de La Montañeta, en Las Palmas de Gran Canaria, según los informes descrito como «de infierno» por un fiscal, fue clausurado tras denunciar varios menores que habían sido maltratados, violados y sometidos a abusos sexuales por compañeros de más edad. También hubo informes de agresiones a cuidadores y profesores. Preocupaba que la conflictiva situación de los centros de acogida de las Islas Canarias, como el del Puerto del Rosario (Fuerteventura), aumentara la presión política para reanudar las expulsiones de menores contra su voluntad. Cárceles y centros de detención Hubo informes sobre el aumento de la tensión en las cárceles, sobre violencia entre presos y sobre malos tratos a manos del personal penitenciario. La de Salto del Negro (Las Palmas de Gran Canaria) era una de las cárceles que, según los informes, sufría graves problemas de hacinamiento. En mayo, la cárcel de Quatre Camins, en Cataluña, fue escenario de graves disturbios en los que estuvieron implicados hasta 130 presos. Según los informes, en los incidentes resultaron heridos seis internos y cinco guardias. En junio, Amnistía Internacional pidió al gobierno catalán información sobre denuncias concretas de malos tratos y sobre las medidas que se estaban tomando para paliar el hacinamiento. Las autoridades catalanas contestaron en octubre que se había producido un «espectacular aumento» de la población reclusa en Cataluña, al igual que en toda Europa, causado en parte por la política penitenciaria nacional y en parte por el «incesante aumento» de extranjeros, que constituían aproximadamente el 28 por ciento de la población reclusa. El gobierno catalán afirmó que había aprobado una gran partida presupuestaria destinada a la construcción de cárceles. Durante el año fue motivo de preocupación la situación humanitaria creada por la llegada constante de inmigrantes africanos a las costas de las Islas Canarias. En marzo, siete organizaciones, incluida Amnistía Internacional, expresaron su preocupación por las «inaceptables condiciones» y las dificultades para conseguir asistencia letrada existentes en el centro de detención para inmigrantes de la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura. Más tarde se inauguraron nuevos centros para paliar la situación de hacinamiento, aunque también parecían inadecuados. Las autoridades aceptaron que los centros planteaban graves problemas y declararon que planeaban nuevas medidas. Derecho a protestar pacíficamente En vísperas de dos cumbres de la Unión Europea celebradas en España, la primera en marzo en Barcelona y la segunda en junio en ¬Sevilla, Amnistía Internacional pidió a las autoridades que se aseguraran de que la actuación policial frente a las manifestaciones respetaba el derecho a protestar pacíficamente. A la organización también le preocupaba que las autoridades hubieran bloqueado las fronteras para evitar la entrada al país de algunos manifestantes con intenciones aparentemente pacíficas, violando así su derecho a la libertad de expresión y de reunión. En septiembre, tras la suspensión de Batasuna, un juez de instrucción dictó una orden judicial que parecía ampliar el ámbito de la prohibición de cualquier reunión o manifestación celebrada en relación con la coalición nacionalista vasca o su suspensión. Según los informes, otra orden judicial declaraba que la prohibición no afectaba a las manifestaciones de otros partidos o individuos. Sin embargo, el ámbito concreto de la prohibición siguió siendo impreciso. Amnistía Internacional instó a las autoridades nacionales y vascas a que se aseguraran de que las recientes medidas legales no desvirtuaban los derechos a la libertad de expresión y de protesta pacífica en el País Vasco. Amanistía Internacional, Informe 2003
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