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Un cambio en la Ley llevará a Ibarreche a la cárcel si hace el referéndum, pero éste mantiene su desafío (LA RAZÓN)

El Código Penal se reforma «in extremis» con una enmienda en el Senado a la Ley de Arbitraje. Ayudar a Batasuna se castiga también de 3 a 5 años La medida se comunicó a última hora al PSOE que, por ahora, no apoya la modificación. El Gobierno dio ayer un paso adelante para fortalecerse con la ley en la mano ante la posibilidad de que el «lendakari», Juan José Ibarreche, intente impulsar una consulta popular sobre su Plan secesionista, como ya ha anunciado. Mediante una enmienda «in extremis» a la tramitación en el Senado de la ley orgánica que acompaña a la Ley de Arbitraje, se plantea una reforma del Código Penal para castigar de 3 a 5 años de cárcel la convocatoria ilegal de un referéndum o de elecciones y el conceder ayudas a la deslegalizada Batasuna. La medida, que entrará en vigor a finales de diciembre tras ratificación del Congreso, fue comunicada al PSOE, pero sin llegar a cerrarse ningún tipo de acuerdo previo al respecto. El Grupo Popular en el Senado, de manos de su portavoz Antolín Sanz, presentó ayer una enmienda a la ley orgánica que modifica la Demarcación y Planta Judicial, y que se tramita como acompañamiento de la Ley de Arbitraje, para reformar varios artículos del Código Penal a fin de fortalecer las respuestas legales a la ofensiva secesionista de Ibarreche. El jueves por la noche, el titular de Justicia, José María Michavila, concretó la iniciativa a Sanz, horas antes de que informase de ella en la reunión del Consejo de Ministros. La reforma va dirigida directamente contra los anunciados planes del «lendakari» de promover una consulta popular sobre su Plan, y contra el destino de fondos o bienes públicos a la deslegalizada Batasuna. Para ello, en el Título XXII del Código Penal, dedicado a recoger los «Delitos contra la Constitución», y en su capítulo III «Delito contra las Instituciones del Estado y la división de poderes», se añade un nuevo artículo 506 bis para evitar la usurpación de funciones constitucionales convocando ilegalmente procesos electorales o referéndum. Hacerlo, careciendo de atribuciones para ello, será castigado con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta. También se castiga entre uno y tres años de cárcel a las autoridades o funcionarios públicos que faciliten, promuevan o aseguren esas convocatorias ilegales. La inhabilitación para este último supuesto será por un tiempo superior entre uno y tres años al de la pena de privación de libertad. En cuanto a la financiación pública de partidos o grupos deslegalizados por su conexión con el terrorismo, se propone la inclusión en el Código Penal de un nuevo artículo, el 576 bis, para sancionar penalmente, según explicó el ministro Michavila, «a quien utiliza el dinero de todos los ciudadanos para incumplir una sentencia del Tribunal Supremo». La pena será también de entre tres y cinco años, y deberá imponerse en su grado superior si la autoridad continuase con la financiación ilegal pese a haber sido requerida judicialmente, como sucede ahora con el Parlamento vasco que preside Juan María Atucha, que sigue ofreciendo cobijo a la coalición «abertzale». Esta iniciativa la enmarca el Gobierno en el desarrollo de la Ley de Partidos, consensuada con el PSOE y que permitió dejar fuera de la legalidad a Batasuna. Ha habido comunicación de última hora sobre ella con los socialistas, pero sin llegar a acuerdo: Michavila mantuvo sendas conversaciones con Rodríguez Zapatero y Juan Fernando López Aguilar el pasado miércoles, pero desde el entorno de estos dos dirigentes se niega que se les informase de las medidas. La previsión es que estas reformas sean aprobadas, y entren en vigor, a finales de diciembre. Antolín Sanz se puso ayer en contacto con los grupos, salvo CiU y el Mixto, para invitarles a abrir un diálogo antes de que se vote en la Cámara Alta el día 11. Sanz quitó importancia a las «formas» usadas para dar luz verde a la modificación legal y subrayó que lo relevante es que el Estado de Derecho vuelve a responder a los desafíos del PNV. Dentro de ese impulso al Estado de Derecho figura también, según anunció Michavila, desarrollar las previsiones de la Ley para el cumplimiento íntegro de las condenas por terrorismo. A tal efecto, se establece en la Audiencia Nacional una Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo en la que se les informará de la detención de supuestos etarras y de los procesos penales: una medida que se enmarca en un plan de refuerzo de ese órgano judicial que dotará a cada una de las secciones penales de un nuevo magistrado, ampliará en un 25 por ciento el número de fiscales y establecerá más recursos. La respuesta de Ibarreche no tardó: «Si este Parlamento cree oportuno un nuevo Estatuto, se consultará a la sociedad», informa J. Arias-Borque. Carmen Morodo, Madrid LA RAZÓN, 29 de noviembre de 2003
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