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Ocho detenidos por presuntos delitos financieros en el diario Egunkaria (EL CORREO)
El juez sigue la pista de 15 millones de euros de origen desconocido Los arrestados trabajan en empresas vinculadas al diario.
La Guardia Civil detuvo ayer a ocho personas en Navarra y Guipúzcoa dentro de una investigación del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo sobre los presuntos delitos económicos cometidos por los responsables del diario en euskera Egunkaria . La operación es una continuación de la desarrollada en febrero por el mismo magistrado contra el periódico, que fue clausurado por su supuesta vinculación con ETA. Los detenidos, en este sentido, han sido acusados de colaborar con la banda.
El ministro de Interior, Ángel Acebes, aseguró ayer que las detenciones son consecuencia de pesquisas sobre «irregularidades económicas y contables; posibles delitos de blanqueo y sobre el destino de subvenciones». Gran parte de la operación se ha realizado a partir de datos encontrados tras el registro de Egunkaria , examinados en los últimos ocho meses por expertos de la Guardia Civil con ayuda de técnicos de la Agencia Tributaria. En ese tiempo se han revisado más de 30.000 documentos procedentes de un centenar de ordenadores.
Los arrestados por la Guardia Civil son José María Sors Bagués, de 51 años, gerente de la editorial Zabaltzen y promotor del parque cultural Martín Ugalde de Andoain, dedicado a actividades empresariales relacionadas con el euskera. Sors es consejero de la empresa que edita el diario Berria , el sustituto de Egunkaria . También han sido detenidos Francisco Javier Legarra Etxabe, de 40 años, contable de Zabaltzen, y Mikel Arrizabalaga Aizpurua, de 46 años. Ambos forman parte de la Fundación Euskalgintza Elkarlanean. La Guardia Civil arrestó asimismo a Juan Mari Larrarte Telletxea, de 36 años, responsable del parque y portavoz de los trabajadores del diario cerrado. Uno de los responsables financieros de Egunkaria , Mikel Sorzabal Matxo, de 37 años, también fue detenido.
Los otros tres arrestados son Mikel Azkune Alberdi, de 32 años, administrador de la empresa de publicidad Ardatz Komunikazioa Zerbitzuak; Angel Ramón Díez Elosegi, de 53 años y responsable de la empresa navarra Gráficas Lizarra; y Amando Hernández Sancho, de 43 años, administrador de la firma Tolosaldeko Komunikabideak. Este última sociedad edita el periódico de la zona de Tolosa Egunero , que durante un tiempo sustituyó a Egunkaria tras su cierre.
Los agentes de la Guardia Civil registraron un total de trece domicilios y sedes empresariales, donde se incautaron de material informático y documentos. La mayoría de las dependencias examinadas se encuentra en el parque cultural Martín Ugalde, donde se editaba Egunkaria y actualmente se gestiona Berria . En el caso de Zabaltzen, los policías intervinieron su ordenador central.
Cifras de ventas
La investigación judicial pretende averiguar el paradero de 15 millones de euros (2.500 millones de pesetas) cuyo origen se desconoce y que, presuntamente, el diario ha gestionado desde 1990. En los análisis contables realizados por los expertos han aparecido también supuestas irregularidades que el magistrado intenta esclarecer. Fuentes de la investigación han señalado en este sentido que Egunkaria declaraba unas ventas anuales en Álava de 220.000 ejemplares, mientras que la cifra real no llegaba a 90.000. Durante cinco años, el periódico no presentó ninguna declaración a la Hacienda foral.
El juez investiga la posibilidad de que los responsables del diario hubiesen creado un entramado societario para ocultar beneficios y poder acceder a subvenciones. La empresa ha recibido de las instituciones vascas nueve millones de euros en concepto de ayudas. La investigación se ha centrado en nueve sociedades que, según las primeras indagaciones, podrían haber creado otras firmas sin actividad. Las indagaciones intentan desentrañar si desde esas firmas se han manipulado registros contables y se han emitido facturas falsas para ocultar los beneficios.
El abogado de Egunkaria , Eneko Etxeberria, negó ayer que los detenidos tengan relación con ETA y pidió que se les aplique el habeas corpus.
Óscar B. de Otálora, Bilbao
EL CORREO, 17 de octubre de 2003
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