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«Tarjeta roja» al G8.

El enorme poder político y económico de los países del G8 les permitiría erigirse en defensores y promotores de los derechos humanos. Y, sin embargo, la exportación de material militar y de seguridad por parte de estos Estados contribuye, en muchos casos, a que se cometan abusos contra los derechos humanos y se minen las perspectivas de desarrollo económico y social en todo el mundo. Con motivo de la cumbre anual que el G8 celebrará en Kananaskis, Canadá, del 26 al 28 de junio, Amnistía Internacional hace un llamamiento a estos Estados para que respeten las reglas del juego y controlen el comercio mundial de armas. No a las armas para cometer atrocidades. Un Estado tiene la obligación jurídica fundamental de considerar previamente si las armas, el material de seguridad y la formación pertinente que va a transferir al Estado receptor pueden utilizarse para cometer abusos contra los derechos humanos, y de garantizar que, mediante tales transferencias, no se está contribuyendo a sabiendas a la comisión de tales abusos. Las transferencias de armas no son lícitas por el mero hecho de que los receptores sean agentes del gobierno ni porque hayan sido autorizadas por autoridades gubernamentales. Sólo serán lícitas si se efectúan conforme a lo dispuesto en las normas internacionales. Si los gobiernos incumplen sus obligaciones en esta materia estarán contribuyendo a la destrucción de millones de vidas. Respeto a las reglas del juego. Amnistía Internacional exhorta a todos los participantes en el comercio de armas mundial a cumplir estas dos reglas de oro: - Los gobiernos que suministren armamento a otros países no autorizarán transferencia alguna si existe un riesgo claro de que el probable receptor vaya a utilizarlo para cometer: abusos graves contra los derechos humanos crímenes de guerra crímenes de lesa humanidad - Los gobiernos que compren armamento garantizarán que su distribución y utilización se ciñe estrictamente a lo dispuesto en las normas internacionales de derechos humanos, de modo que: su uso por parte los responsables de hacer cumplir la ley sólo se permitirá cuando sea estrictamente necesario para proteger la vida humana; su uso militar sólo se permitirá si es proporcionado, va dirigido a objetivos concretos, y respeta las normas del derecho internacional humanitario; se hará acopio de los excedentes de armas y de las armas ilegales que estén en manos de la población, y se destruirán, siempre que puedan contribuir a la comisión de violaciones graves contra los derechos humanos.
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