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Las consecuencias fatales del racismo: tortura y malos tratos en España

El nuevo informe de Amnistía Internacional cita más de 320 casos de malos tratos con componente racista registrados en España en los últimos siete años La tortura y los malos tratos a integrantes de minorías étnicas o personas de origen extranjero son actos desgraciadamente habituales y extendidos en España, ha declarado Amnistía Internacional. En el extenso informe «España: Crisis de identidad - tortura y malos tratos por motivos racistas a manos de agentes del Estado» dado a conocer hoy en Madrid, la organización de derechos humanos documenta un aumento en casos de tortura y maltrato a minorías entre 1995 y 2002. En el informe se hace mención de más de 320 casos de malos tratos con componente racista a personas procedentes de 17 países distintos, incluyendo Marruecos, Colombia y Nigeria. «Hombres, mujeres y niños han sido sometidos a abusos verbales, maltratados físicamente, detenidos de forma arbitraria, y en algunos casos incluso torturados, ha señalado Gillian Fleming, investigadora de Amnistía Internacional sobre España. «Los casos que hemos documentado demuestran un esquema de violación, por parte de agentes del estado, de los derechos de integrantes de minorías étnicas o personas extranjeras en España. La discriminación de estas personas, tolerada por las autoridades, las hace más vulnerables a ser sujetos de tortura o malos tratos.» A pesar de que existen leyes que intentan proteger a estas personas contra conductas discriminatorias o arbitrarias por parte de agentes del estado, la tipificación racial es común. El uso discriminatorio de los «controles de identidad» ha dado lugar a la situación actual, en la que muchas personas de origen extranjero en España han sufrido abusos y maltratos. El informe de la organización documenta que:
  • Un número considerable de personas, varias de ellas extranjeras, han fallecido durante el periodo de custodia. Sus muertes no siempre han sido investigadas con la debida minuciosidad, rapidez e imparcialidad.
  • Las mujeres inmigrantes indocumentadas han sido particularmente blanco de tortura en forma de violación o asalto sexual durante los periodos de custodia.
  • Existen incidentes de maltrato y uso inapropiado de métodos de restricción de movimiento durante procesos de expulsión de España.
  • En muchas ocasiones, los inmigrantes que han sido expulsados del país no han sido tratados con la debida dignidad o transparencia requerida.
  • Menores de edad no acompañados han sido expulsados del territorio español sin la debida protección legal o sin la necesaria vigilancia de su integridad. Muchos de ellos han sido maltratos durante el proceso de expulsión, ya sea durante su detención o bien mientras se encuentran en tránsito, así como en la frontera con Marruecos a manos de la policía marroquí.
  • La impunidad es quizás uno de los mayores retos para resolver este problema. Cuando las víctimas de malos tratos denuncian lo que les ha ocurrido, es frecuente que los acusados inmediatamente presenten contra-denuncias acusando a las víctimas. Muchas víctimas no pueden ni tan siquiera considerar el presentar una denuncia por miedo, falta de ayuda legal adecuada, o apatía y parcialidad de las autoridades judiciales.
  • A policías que tienen antecedentes penales o contra los que existen procedimientos disciplinarios pendientes, no sólo se les ha permitido continuar en su trabajo, sino que también han gozado del apoyo de las autoridades políticas.
  • Policías que han intentado tomar medidas para asegurar la protección de los derechos humanos han sido castigados. Por ejemplo, a tres sargentos de policía que denunciaron irregularidades sobre la detención y expulsión de niños marroquíes de Ceuta les fueron impuestas medidas disciplinarias.
  • Muchas de estas conductas han sido apoyados por las declaraciones racistas hechas por figuras públicas, incluyendo a políticos.
«Las autoridades españolas deben decidir si la identidad del país en el siglo XXI va a estar basada en actitudes racistas, o en la tolerancia de la diversidad y respeto a los derechos humanos», declaró Gillian Fleming. Amnistía Internacional hace un llamamiento a las autoridades españolas para que elaboren, adopten y pongan en práctica una estrategia nacional y un plan de acción para combatir todas las formas de racismo. Estas herramientas deben incluir medidas específicas para prevenir la tortura, los malos tratos y cualquier manifestación de racismo durante la administración de justicia. Para más información sobre este informe o para solicitar entrevistas contacten con: Judit Arenas, + 44 7778 472 188 (prensa internacional) o Celia Zafra Cebrián, + 34 91 310 12 77 ext 25 ó + 34 630 746 802 (prensa española)
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