EL GOBIERNO, "POLÍTICAMENTE IRRESPONSABLE" POR LAS EXPORTACIONES DE ARMAS, SEGÚN JUSTICIA I PAZ

Justicia y Paz presenta un informe sobre las exportaciones españolas de armamento realizadas entre 1997 y 2006. La ONG denuncia el volumen de exportaciones y que algunos de los destinatarios son países en conflicto.


Justicia y Paz ha presentado a los medios de comunicación el informe 2007 sobre las exportaciones españolas de armamento, documento elaborado por Tica Font, vicepresidenta de la entidad, que identifica las exportaciones realizadas entre 1997 y 2006.

En la rueda de prensa, Font ha destacado el 2006 como el año en qué se han hecho más exportaciones de armas, 845 millones, aún cuando, según la ONG, los datos hechos públicos por el Gobierno español sobre las exportaciones realizadas en el primer semestre del año pasado (más de 600 millones) indican que el 2007 superará el volumen de exportaciones del 2006.

Un elemento que Font define de "muy preocupante" es que el año 2006 España exportó armas a empresas privadas y para uso privado, un hecho que no se había dado nunca hasta ahora (o al menos no constaba oficialmente). En este sentido, la vicepresidenta de Justicia i Pau considera que "se está contribuyendo a la privatización del uso de la violencia".


Exportaciones de "dudosa legalidad"

En este sentido, la autora del informe considera que el Gobierno español, que es quien legalmente autoriza cada operación de exportación de armas, es "políticamente irresponsable", no sólo por el volumen de exportaciones que autoriza, sino porque muchas exportaciones son de dudosa legalidad e incumplen el Código de Conducta de la Unión Europea, dado que los destinatarios del armamento son a menudo países con conflicto violento -Colombia o Israel-, o que vulneran los derechos humanos -Indonesia o Kenia-, o que viven en una pobreza extrema, como es el caso de Angola o Burkina Faso.

Además, Justicia y Paz denuncia que el Gobierno español cae en la incoherencia de autorizar la venta de armas a países en los cuales, a la vez, también da ayuda para el suyo desarrollo, como Perú, Marruecos o Venezuela.

Además, el Gobierno español continúa con una política de escasa transparencia informativa en relación a esta materia, puesto que, pese a los informes oficiales periódicos sobre volúmenes globales de ventas y países beneficiarios, mantiene íntegramente bajo la ley de secretos oficiales los expedientes de autorización de exportaciones, cosa que impide conocer a los compradores, los vendedores y el material concreto vendido en cada operación.


Canalsolidario.org, 3 de julio de 2008